Los graves acontecimientos ocurridos en Ceuta, con el trágico resultado de al menos 72 personas fallecidas, así como un elevado número de personas heridas y desaparecidas aún por determinar, exigen una respuesta institucional fundada en el respeto al Estado de Derecho y a los derechos humanos y fundamentales. Antes que cualquier otra consideración, queremos expresar nuestro dolor por la pérdida de vidas humanas.
El control de las fronteras constituye una competencia legítima del Estado y responde a la obligación de garantizar la seguridad y el cumplimiento de la legalidad. Ahora bien, esa potestad debe ejercerse siempre dentro del marco constitucional y de los compromisos internacionales asumidos por España en materia de derechos humanos, sin que ninguna finalidad, por legítima que sea, pueda anteponerse al respeto a la vida y a la dignidad de las personas.
Las situaciones de especial presión migratoria no alteran la vigencia de los derechos fundamentales ni rebajan las exigencias propias del Estado de Derecho. Precisamente en los contextos de máxima dificultad es cuando las instituciones democráticas deben reafirmar su compromiso con la legalidad y la proporcionalidad, cualquiera que sea el origen o la situación administrativa de las personas afectadas. Por ello, estos acontecimientos no pueden convertirse en pretexto para alimentar el discurso de odio, la xenofobia o el llamamiento a la persecución de las personas migrantes.
Estos hechos ponen de manifiesto, una vez más, la necesidad de avanzar hacia una política migratoria integral y coordinada en el ámbito de la Unión Europea, que combine una gestión eficaz de las fronteras con la protección de los derechos fundamentales y la salvaguarda de la vida de las personas migrantes. La firmeza en el control fronterizo y el respeto a los derechos fundamentales no son incompatibles: ambos integran las obligaciones de un Estado social y democrático de Derecho. Solo desde ese equilibrio será posible ofrecer una respuesta acorde con nuestros valores constitucionales y europeos, y evitar que una tragedia humana se transforme en un motivo de fractura social.
Hacemos un llamamiento para que el debate público sobre estos hechos se desarrolle desde el rigor y el respeto institucional, evitando respuestas simplistas o discursos que erosionen la convivencia. Detrás de cada frontera hay seres humanos, y ninguna respuesta política puede olvidar que la protección de su vida y su dignidad constituye un deber ineludible.
MAGISTRADOS EUROPEOS POR LA DEMOCRACIA Y LAS LIBERTADES
JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA
UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES
ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS ESPAÑA