Comunicado – 3 de Enero de 2024
En las últimas semanas una treintena de personas han sido detenidas en distintos lugares de España acusadas de pertenecer a “organización criminal” por su vinculación con la organización ecologista Futuro Vegetal, que en los últimos tiempos ha protagonizado distintas acciones de desobediencia civil pacífica exigiendo un mayor compromiso de las autoridades frente a la emergencia climática y el fin de las subvenciones a la industria cárnica intensiva que consideran es una de las principales causantes del cambio climático.
Las personas detenidas no lo están siendo bajo la acusación de haber cometido un acto delictivo concreto sino de pertenencia a “grupo criminal”. Estas detenciones se han practicado después de que la Memoria de la Fiscalía General del Estado correspondiente al año 2022 incorporara al “ecologismo radical” y a las organizaciones Futuro Vegetal y Extinción Rebelión dentro del epígrafe relativo al terrorismo nacional. Con posterioridad, tras la denuncia de las principales organizaciones ecologistas y de la APDHE, la Fiscalía se retractó de esa afirmación y expresó que no existía ninguna causa contra ecologistas.
Sin embargo, poco tiempo después los medios de comunicación se hacen eco de la serie de detenciones de Futuro Vegetal e informan de que algunos de los científicos convocados por Rebelión Científica que se concentraron en las puertas del Congreso de los Diputados rociando sus escalinatas con agua de remolacha siguen acusados penalmente y se les pide la pena de casi dos años de prisión.
La Asociación pro Derechos Humanos de España, que tiene como objeto su protección, expresa su profunda preocupación por estos hechos que considera una vulneración de los derechos humanos. En particular del derecho de toda persona a no ser detenida arbitrariamente y del derecho a la libertad de expresión, de reunión y asociación.
Tales derechos están recogidos expresamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, ratificado por España, así como en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en la Constitución Española.
Esta persecución del denominado “ecologismo radical” se produce en un momento de incremento global de la persecución de los defensores del medio ambiente. Siendo en la última década el colectivo más perseguido y el que sufre mayor número de víctimas en todo el mundo.
Se produce también en un contexto de emergencia climática, en el que los fenómenos climáticos extremos y sus víctimas se están multiplicando y en el que la pérdida de biodiversidad y el deterioro acelerado de los ecosistemas está teniendo graves consecuencias, y de surgimiento de nuevos grupos de jóvenes activistas que promueven acciones no violentas de desobediencia civil para denunciar lo que consideran inacción de las autoridades frente al cambio climático y la contaminación industrial.
Situación de creciente deterioro ambiental ante la que Naciones Unidas ha decidido adoptar el nuevo ‘Derecho humano derecho un Medio ambiente limpio, saludable y sostenible’ aprobado por Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas en julio de 2022. Resolución que su Secretario General, António Guterres, considera que ayudará a reducir las injusticias ambientales y a proteger a las personas que se encuentran en posiciones más vulnerables como los defensores de los derechos humanos medioambientales.
En este contexto, la APDHE considera especialmente grave el proceso de criminalización de los activistas medioambientales que ejercen el derecho a la protesta, pide el cese inmediato de esta serie de detenciones, el fin de todas las actuaciones penales contra activistas medioambientales y garantías de que se abandona definitivamente la utilización de medios y legislación antiterrorista para a los defensores del medio ambiente.